La reciente irrupción del diputado Jaime Araya y la coalición de izquierda con su anunciado "tsunami de 2.500 indicaciones" al proyecto de reconstrucción no es solo una maniobra de procedimiento parlamentario; es una declaración de guerra de posiciones que pone en jaque la estabilidad económica de mediano plazo en Chile.
La saturación como arma de negociaciónLa estrategia de la izquierda busca, mediante la saturación, forzar al Ejecutivo a desmembrar su reforma. Al inundar la mesa con enmiendas que van desde la reducción del IVA hasta nuevos retiros de fondos, la oposición logra dos cosas: dilatar el calendario y subir el costo de la transacción política. Sin embargo, esta táctica tiene efectos colaterales que trascienden el Congreso y golpean directamente las variables macroeconómicas.
El impacto en el crecimiento: Incertidumbre y Parálisis
El crecimiento económico depende, en gran medida, de las expectativas y la certeza jurídica. El envío de una "ley miscelánea" de esta magnitud ya generaba debate, pero la respuesta de la oposición introduce un factor de incertidumbre radical.
• Inversión frenada: Los proyectos de reconstrucción e infraestructura requieren horizontes claros. Mientras las reglas tributarias y los incentivos a la inversión estén "atrapados" en un tsunami de 2.500 trámites, el capital privado se mantendrá en modo de espera (wait-and-see).
• Señal de ingobernabilidad: Para los mercados internacionales, la incapacidad de procesar leyes clave debido a bloqueos procedimentales degrada la percepción de estabilidad del país, afectando potencialmente la clasificación de riesgo.
Empleo y Estabilidad: El riesgo de la desconexión
El gobierno de José Antonio Kast ha centrado su promesa en la recuperación de puestos de trabajo a través de la reactivación productiva. No obstante, la estrategia del sector de Araya y Barraza golpea este objetivo de dos formas:
• Fricción en la creación de puestos: Al bloquear los incentivos tributarios para empresas, se retrasa la contratación masiva vinculada a las obras de reconstrucción.
• Riesgo Inflacionario: Al incluir indicaciones de alto gasto público y potenciales nuevos retiros, la izquierda presiona la estabilidad monetaria. Si el "tsunami" lograra imponer medidas populistas, el Banco Central se vería obligado a mantener tasas altas para frenar el consumo, lo que irónicamente termina asfixiando el crecimiento que el país necesita.
Conclusión: ¿Quién paga la cuenta?
El riesgo de esta estrategia es la parálisis por análisis. Si el Congreso se transforma en un campo de batalla de indicaciones infinitas, la reconstrucción física y económica de Chile se detiene.
La oposición apuesta a que el costo político del estancamiento lo pague el Gobierno, pero en la práctica, el costo en términos de empleos no creados y estancamiento del PIB lo paga la ciudadanía.
La política del "tsunami" puede ser efectiva para obstruir, pero rara vez sirve para construir. Chile hoy se enfrenta al dilema de si su institucionalidad es capaz de resistir esta marejada o si terminaremos en un nuevo ciclo de inestabilidad legislativa que ahuyente, por una década más, la posibilidad de crecer y alcanzar el desarrollo que conocimos en los 90 y que significó una alternativa para aspirar a soñar en grande.
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