Un proceso de desarrollo como al que aspira llegar nuestra actual sociedad, presenta continuos desafíos en el plano de la relación entre organización y los ciudadanos.
En efecto, ya sea en el plano político, legislativo, municipal, empresarial o de alguna organización no gubernamental el vínculo, expectativas y rol de estos, depara ciertos requisitos de una nueva forma de trabajar que han tendido a divulgarse y asentarse en el imaginario de la ciudadanía aunque aún se encuentran viejas prácticas que impiden un avance significativo hacia un desarrollo cívico.
Así, las viejas prácticas planteaban una suerte de clientelismo, dependencia y confianza ciega de los ciudadanos y usuarios hacia las instituciones, teniendo estos que aceptar casi como un designio divino el tipo de gestión, decisiones y trato. En la actualidad mediante los diversos medios de comunicación y acceso a información se acrecientan los polos de impulso de los sujetos, trayendo un perfil de ciudadano más interesado en saber, conocer, reclamar y exigir un nuevo trato respecto a las corporaciones sean estas públicas o privadas.
De tal forma un donante de una Fundación, un vecino de comuna, un cliente de multitiendas o un copropietario de vivienda hoy en día tienen muchas más similitudes que diferencias, pues su rol no se encuentra en un mero funcionalismo estático o meramente decorativo sino que involucra un protagonismo que bien puede llegar hasta las conocidas demandas tan en boga durante el presente.
En efecto, el imperio del paradigma verticalista en las relaciones organizaciones/ ciudadanos, ha ido cediendo lugar hacia un trato de horizontalidad que logre asegurar criterios básicos de:
Integración
Respeto
Transparencia
Control
Información
Todo ello, no ha sido gratuito y por tanto suponemos que son los mismos ciudadanos quienes deben estar permanentemente trabajando en despejar espacios de obstaculización en la relación y apostar por ser considerados agentes claves dentro de la dinámica relacional de las corporaciones. Esto se funda tanto en una lógica de derechos establecidos y asimismo en un deber de integrante de la Polis, un ciudadano con voz y voto, activo, partícipe de su proyecto, lo que implica acción con un juicio crítico y formado a la luz del acceso de información vital para la efectiva toma de decisiones y el respeto hacia la persona.
En efecto, ya sea en el plano político, legislativo, municipal, empresarial o de alguna organización no gubernamental el vínculo, expectativas y rol de estos, depara ciertos requisitos de una nueva forma de trabajar que han tendido a divulgarse y asentarse en el imaginario de la ciudadanía aunque aún se encuentran viejas prácticas que impiden un avance significativo hacia un desarrollo cívico.
Así, las viejas prácticas planteaban una suerte de clientelismo, dependencia y confianza ciega de los ciudadanos y usuarios hacia las instituciones, teniendo estos que aceptar casi como un designio divino el tipo de gestión, decisiones y trato. En la actualidad mediante los diversos medios de comunicación y acceso a información se acrecientan los polos de impulso de los sujetos, trayendo un perfil de ciudadano más interesado en saber, conocer, reclamar y exigir un nuevo trato respecto a las corporaciones sean estas públicas o privadas.
De tal forma un donante de una Fundación, un vecino de comuna, un cliente de multitiendas o un copropietario de vivienda hoy en día tienen muchas más similitudes que diferencias, pues su rol no se encuentra en un mero funcionalismo estático o meramente decorativo sino que involucra un protagonismo que bien puede llegar hasta las conocidas demandas tan en boga durante el presente.
En efecto, el imperio del paradigma verticalista en las relaciones organizaciones/ ciudadanos, ha ido cediendo lugar hacia un trato de horizontalidad que logre asegurar criterios básicos de:
Integración
Respeto
Transparencia
Control
Información
Todo ello, no ha sido gratuito y por tanto suponemos que son los mismos ciudadanos quienes deben estar permanentemente trabajando en despejar espacios de obstaculización en la relación y apostar por ser considerados agentes claves dentro de la dinámica relacional de las corporaciones. Esto se funda tanto en una lógica de derechos establecidos y asimismo en un deber de integrante de la Polis, un ciudadano con voz y voto, activo, partícipe de su proyecto, lo que implica acción con un juicio crítico y formado a la luz del acceso de información vital para la efectiva toma de decisiones y el respeto hacia la persona.
Un ciudadano con autonomía (libre), comprometido con sus actos (responsable) y coordinado con sus pares (Asociatividad) permitirá una mejor interlocución con los representantes de corporaciones de distinta naturaleza.
Con este naciente esquema se pretende alcanzar niveles de equilibrio en lo posible frente a prácticas viciadas o de abuso desde las entidades gubernamentales y privadas pudiendo ser puestas en tela de juicio ante incompatibilidades que como hemos señalado se encuentran tanto en nuestra nueva cultura relacional como asimismo desde la Constitución Política y el Derecho.
Se requiere entonces articular un complejo de respaldo que impulse el cambio desde lo cultural con fundamentos basados desde la experiencia, el sentido común y la legalidad con el fin de aportar a un tema decisivo ante el cual los ciudadanos tenemos la opción de aportar desde un estado Democrático que garantiza nuestra participación y opinión siendo elementos mediadores de la defensa de nuestros derechos y asimismo del cumplimiento de nuestros deberes en sociedad.
De no conjugar eficientemente unos u otros, tenemos el serio riesgo de avanzar hacia la delegación total de nuestras responsabilidades convirtiendo nuestra presencia en una simple fachada que llevaría a prácticas tales como Tiranía Social frente a una masa social sin identidad, opinión ni juicio crítico que logre un rol controlador y colaborador en su propio destino.
Desde este punto de vista, la búsqueda de transparencia de las gestiones y la efectiva supervisión resultan elementos básicos para generar una opinión a tono de control o con capacidad al menos de modificar decisiones que con anterioridad escasamente fueron consultadas a nuestros padres o abuelos.
Con este naciente esquema se pretende alcanzar niveles de equilibrio en lo posible frente a prácticas viciadas o de abuso desde las entidades gubernamentales y privadas pudiendo ser puestas en tela de juicio ante incompatibilidades que como hemos señalado se encuentran tanto en nuestra nueva cultura relacional como asimismo desde la Constitución Política y el Derecho.
Se requiere entonces articular un complejo de respaldo que impulse el cambio desde lo cultural con fundamentos basados desde la experiencia, el sentido común y la legalidad con el fin de aportar a un tema decisivo ante el cual los ciudadanos tenemos la opción de aportar desde un estado Democrático que garantiza nuestra participación y opinión siendo elementos mediadores de la defensa de nuestros derechos y asimismo del cumplimiento de nuestros deberes en sociedad.
De no conjugar eficientemente unos u otros, tenemos el serio riesgo de avanzar hacia la delegación total de nuestras responsabilidades convirtiendo nuestra presencia en una simple fachada que llevaría a prácticas tales como Tiranía Social frente a una masa social sin identidad, opinión ni juicio crítico que logre un rol controlador y colaborador en su propio destino.
Desde este punto de vista, la búsqueda de transparencia de las gestiones y la efectiva supervisión resultan elementos básicos para generar una opinión a tono de control o con capacidad al menos de modificar decisiones que con anterioridad escasamente fueron consultadas a nuestros padres o abuelos.
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