La protección de los derechos humanos y la infancia suele ser el núcleo del discurso de los sectores progresistas en América Latina. Sin embargo, cuando la retórica ideológica no se acompaña de una gestión técnica rigurosa, las consecuencias pueden ser devastadoras.
El reciente preinforme de la Contraloría General de la República sobre el ingreso de niños haitianos a Chile bajo el gobierno anterior —un caso que la Fiscalía ya investiga como presunto tráfico de personas— es una muestra de cómo la desprotección estatal puede terminar facilitando el peor de los flagelos: la vulneración de menores.
Los datos arrojados por la auditoría son alarmantes. Decenas de niños ingresaron al territorio nacional en vuelos chárter acompañados por adultos que repetían el patrón de tutoría una y otra vez, transportando contingentes de menores sin que el Estado certificara fehacientemente un vínculo biológico o legal legítimo. Peor aún, las fiscalizaciones posteriores revelaron direcciones falsas e infantes cuyo rastro hoy se desconoce. La flexibilización de criterios administrativos implementada bajo la gestión del Frente Amplio y el Partido Comunista, orientada a agilizar la regularización, terminó por desmantelar los filtros mínimos de seguridad y trazabilidad.El error de fondo radica en haber confundido la vocación de acogida con la renuncia al control soberano. Una frontera sin fiscalización estricta no es un acto de solidaridad; es una invitación para que las mafias transnacionales de trata de personas operen con impunidad. Al rebajar los estándares exigidos para la reunificación familiar, el aparato estatal chileno actuó con una negligencia que hoy expone a niños vulnerables a redes de explotación.
La actual administración tiene por delante la urgente tarea penal e institucional de esclarecer el paradero de estos menores y sancionar a los responsables. No obstante, la lección política ya está sobre la mesa. La seguridad nacional y la protección de los derechos de la infancia no son agendas contrapuestas, sino interdependientes. Sin un Estado capaz de controlar quién entra y bajo qué condiciones, el humanismo se convierte en una consigna vacía que termina desamparando a los mismos que prometía proteger.
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