En Chile, el feminismo ha sido una de las fuerzas políticas y culturales más influyentes de la última década. Su capacidad de movilización, de instalación de marcos éticos y de interpelación al poder fue decisiva en hitos como el movimiento estudiantil feminista de 2018 o las masivas marchas del 8 de marzo. Sin embargo, esa misma fuerza hoy enfrenta un cuestionamiento creciente: la percepción de un feminismo selectivo , más severa con los adversarios políticos que lleva consigo mismo.
Los casos recientes de Manuel Monsalve, Kena Lorenzini, el suicidio de una funcionaria del Ministerio de Hacienda y la desvinculación de Isabel Amor revelan un patrón inquietante. No se trata de hechos aislados, sino de situaciones distintas atravesadas por una constante: la dificultad del feminismo institucional para actuar con la misma contundencia cuando el conflicto emerge dentro de su propio campo político o estatal .
En el caso Monsalve, la denuncia por violación contra el entonces subsecretario del Interior no encontró una reacción inmediata, coordinada y proporcional por parte de los principales referentes feministas ligados al oficialismo. Hubo declaraciones posteriores y distanciamientos formales, pero el silencio inicial y la demora en la remoción del cargo fueron leídos como una señal inequívoca de cálculo político. Cuando el agresor no pertenece al “afuera”, la indignación parece administrarse con cautela.
Algo similar ocurrió con Kena Lorenzini. A pesar de que un sumario acreditó maltrato laboral, el debate dentro del mundo feminista se desplazó rápidamente desde la conducta denunciada hacia la crítica al “punitivismo” y la supuesta cancelación de una figura histórica. El resultado fue una relativización del daño y la ausencia de una exigencia clara de responsabilidad ética. La comparación con la dureza aplicada a hombres acusados de acoso en otros contextos resulta inevitable.
El suicidio de una funcionaria pública en el Ministerio de Hacienda profundizó aún más esta tensión. A pesar de las denuncias previas de maltrato laboral, el feminismo institucional optó por una respuesta estrictamente procedimental, amparada en límites de competencia. No hubo una lectura estructural potente sobre salud mental, niveles de poder ni precarización emocional en el Estado. El caso fue rápidamente encapsulado como una tragedia individual, y no como un fracaso político de un aparato que se declara feminista.
El caso de Isabel Amor terminó de consolidar esta percepción. Su desvinculación exprés del Sernameg, bajo el argumento de “pérdida de confianza”, no recibió una defensa clara desde el feminismo institucional. El silencio fue interpretado como un respaldo tácito a una decisión arbitraria, donde la disciplina política pesa más que la defensa del debido proceso y del liderazgo femenino.
Estos episodios
contrastan de manera evidente con otros escenarios donde el feminismo chileno
sí ha sido eficaz: reacciones rápidas, relatos claros, presión sostenida y
consecuencias concretas. ¿La diferencia? En esos casos, el responsable suele
pertenecer a un “afuera” político nítido, sin costos internos relevantes.
Cuando el conflicto amenaza al propio ecosistema de poder, aparecen las zonas
grises, las cautelas y los silencios.
No se trata únicamente de
mala fe. La institucionalización del feminismo, su inserción en el Estado y su
dependencia de coaliciones políticas explican parte de esta conducta. Pero
entender las causas no elimina el problema: un movimiento que se presenta
como marco ético universal no puede permitirse estándares variables sin pagar
un costo de credibilidad.
El riesgo es claro. Cada
silencio selectivo, cada reacción tardía, fortalece la idea de que el feminismo
dejó de ser una voz incómoda para el poder y pasó a ser, en algunos casos, su
administradora. Y cuando eso ocurre, no solo se debilita un movimiento: se
vacía de contenido una de las promesas transformadoras más importantes de los
últimos años.
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